El estudio del Derecho Agrario como una rama del derecho social, que nació de las luchas de las grandes
masas de campesinos y trabajadores del campo, que constituyen el fundamento y sustento de la garantía
de propiedad social consagrada en el artículo 27 de nuestra carta magna de 1917, que inició un largo
proceso de reparto de la tierra, con el objeto de terminar con grandes latifundios mediante la restitución de
tierras a los pueblos y comunidades originarias de que fueron despojadas y la dotación de tierra a ejidos,
que por un periodo de más de ochenta años se consolidó como reforma agraria. El nuevo marco legal
agrario, ha tomado una nueva directriz a raíz de diversos fenómenos de globalización y de competencia
internacional y del reciente debate sobre la protección el medio ambiente, el cambio climático, la reforma
energética y en materia de amparo y derechos humanos, que obliga a instituciones y autoridades agrarias,
salvaguardar los derechos de los sujetos agrarios con la creación de una plataforma jurídica de respeto y
garantía de seguridad y certeza documental en el ordenamiento de la propiedad rural, para el impulso de
las inversiones del campo y aumento de la producción agropecuaria, ganadera y forestal y en general a su
desarrollo rural sustentable.
El estudio del Derecho Agrario como una rama del derecho social, que nació de las luchas de las grandes masas de campesinos y trabajadores del campo, que constituyen el fundamento y sustento de la garantía de propiedad social consagrada en el artículo 27 de nuestra carta magna de 1917, que inició un largo proceso de reparto de la tierra, con el objeto de terminar con grandes latifundios mediante la restitución de tierras a los pueblos y comunidades originarias de que fueron despojadas y la dotación de tierra a ejidos, que por un periodo de más de ochenta años se consolidó como reforma agraria. El nuevo marco legal agrario, ha tomado una nueva directriz a raíz de diversos fenómenos de globalización y de competencia internacional y del reciente debate sobre la protección el medio ambiente, el cambio climático, la reforma energética y en materia de amparo y derechos humanos, que obliga a instituciones y autoridades agrarias, salvaguardar los derechos de los sujetos agrarios con la creación de una plataforma jurídica de respeto y garantía de seguridad y certeza documental en el ordenamiento de la propiedad rural, para el impulso de las inversiones del campo y aumento de la producción agropecuaria, ganadera y forestal y en general a su desarrollo rural sustentable.